El independentismo explicado a españoles de buena voluntad

Veo la televisión y la prensa española hablando todo el rato del conflicto catalán y escucho tantas mentiras, medias verdades y verdades contadas de manera intencional, que me doy cuenta que, a través de ellos, es imposible que los españoles de buena voluntad puedan entender lo que está pasando en Cataluña.

Como el nacionalismo español utiliza los medios de comunicación para conformar un relato lleno de mentiras, presuponen que los medios catalanes hacen lo mismo, además le suman la supuesta manipulación de la escuela catalana, que en realidad educa sin crear ningún sentimiento antiespañol, y ya tienen la explicación de lo que no entienden y hasta les parece un poco ofensivo: que millones de catalanes quieran la independencia con tanto convencimiento. ¡Tienen que estar adoctrinados!

No es así. El proyecto independentista no se basa en una masiva manipulación a gran escala. Tiene una adhesión, que no sabemos si es mayoritaria, pero que está muy bien fundamentada y, apoyándose en una identidad nacional incuestionable, en realidad, responde más a lo que los catalanes no quieren de España que a otra cosa. Si la España actual no hubiera forjado su columna vertebral en el franquismo, seguro que el independentismo no habría llegado a tener esta magnitud.

España se fundó como una confederación de dos coronas: la Corona de Aragón y la Corona de Castilla. Se funcionaba de manera confederal respetando la soberanía de cada una, con algunas pocas cuestiones compartidas. Con el conflicto de Sucesión, se abrió una guerra entre dos propuestas: Felipe V y Carlos de Austria. Ganó Felipe V y más allá de imponerse, pasó a sangre y fuego Barcelona y prohibió todas las instituciones de la Corona de Aragón y también el idioma catalán. Desde ese momento ya no hay sentimiento positivos por esa España que dejó de ser confederal para convertirse en una España centralizada. Años después, el franquismo forjó España de nuevo en el mismo sentido: “una, grande y libre” prohibiendo otra vez todo hecho diferencial catalán. Después de 40 años de dictadura, los franquistas aceptaron pasar a la transición, asegurándose cuotas de poder y garantías para impedir que España pudiera ser roja o rota. El Ejército hizo llegar en sobre cerrado a los constitucionalistas el artículo 2 sobre la unidad indisoluble de España. Se votó la Constitución y, curioso, en Cataluña fue donde más votos se obtubieron. Lejos de indicar una gran adhesión al texto, era producto de que Cataluña tenía muchas ganas de salir del infierno franquista.

Cuando se quiso reformar el Estatut en 2003, se pensó que ya se podía adecuar a la realidad de la nación catalana. Sin embargo, para contar con el 90% del Parlament, el texto nació descafeinado. Y al pasar por el Congreso se le descafeinó aun más, llegando Alfonso Guerra a mofarse diciendo “le hemos pasado el cepillo que los catalanes ni lo van a reconocer”. A pesar de todo, el texto fue aprobado en referéndum, aunque muchos votamos en contra por verlo demasiado tibio. En su campaña contra Zapatero, Rajoy recogió 4 millones de firmas “contra los catalanes” y el texto fue amputado de nuevo por un Tribunal Constitucional algo tendencioso políticamente, pues muchos artículos recortados están en estatutos de otras comunidades autónomas que los copiaron del catalán.

Y aquí estamos. Donde ya muchos catalanes, que antaño ponían sus energías para que España se modernizara y democratizara, han perdido la fe en sea posible. Sobretodo porque se dieron cuenta que no era solo el PP, como habían creido, sino también el PSOE, los medios de comunicación, el poder empresarial,… Ante eso, se levantó, con organización popular de base, un proyecto independentista modernizador y democratizador que supuso un empoderamiento de la autoestima catalana y generó esperanza y la movilización de millones de personas en la Diada de 2012 que funcionó como un giro en el guión de la sociedad catalana. Ante ese viraje, la derecha catalana se vió empujada a sumarse al proyecto aunque parte de sus mentores empresariales y económicos rechazaran la idea. Pero para continuar en el centro del tablero político con su cuota de poder, estimaron que debían moverse en esa dirección.

Des de hace 7 años el independentismo ha venido expresando su malestar en relación a la actual España y no se le ha escuchado sino era para ningunearlo. Su gran adhesión social ha ido más allá del nacionalismo y del identitarismo, para adentrarse en el ámbito de los derechos sociales y económicos. Solo así ha podido crecer del 15% a quizás más de la mitad de la sociedad. Sin embargo el Estado y todos los partidos españoles, han venido haciendo oídos sordos a ese malestar de una gran parte de la sociedad catalana. Ante lo cual, el independentismo no ha querido imponer su solución sino comprobar si su proyecto era deseado por una mayoría social o no, aceptando permanecer en España si no lo era. Por eso ha hecho ya tres intentos de referéndum: el 9N, las elecciones autonómicas que el independentismo intentó que fueran plebiscitarias y el referéndum del 1-O.

Por cierto, que cabe corregir una frecuente interpretación errónea de las elecciones “plebiscitarias”, que ahora usan muchos de los que no las aceptaron, para decir que el independentismo no es mayoritario. Esas elecciones demostraron que, como mínimo, había un 48% de independentistas, que fueron los que votaron los partidos que habían intentado que funcionaran como plebiscito. Como todos los demás partidos negaron que fuera un plebiscito, esas elecciones no pudieron demostrar más que eso. Pero en esos otros partidos también hubo votantes independentistas (según encuestas: la mitad de los Comunes y algunos de los socialistas), de manera que seguramente, de haberse hecho un verdadero plebiscito aceptado por todos, se hubiera conseguido ese 2% que faltaba y se hubiera tenido mayoría social. Pero nunca lo sabremos. Solo sabemos que el 48%, como mínimo eran independentistas, y aproximadamente el 39% (Cs, PSC y PP), como mínimo, eran anti-independentistas.

Lo que no quieren que Cataluña salga de España dicen que el proyecto independentista no se puede plantear fuera de la ley, fuera de la Constitución y de manera unilateral, que hay que hacerlo en el marco constitucional.

Ya he comentado que esa Constitución estuvo redactada bajo la atenta vigilancia del franquismo y del Ejército, y además no dio respuesta al encaje territorial obligado de Cataluña, ni de Euskadi, como reconoce el profesor de derecho constitucional sevillano Javier Pérez Royo. De hecho, en ese aspecto territorial, el objetivo de la Constitución fue precisamente neutralizar el “problema” catalán y vasco, diluirlos en el “café para todos” y hacer que sus posibles demandas nacionales o autodeterministas no tuvieran lugar en la Constitución. Va a parecer una pregunta inocente, pero creo que ilustra de qué estamos hablando: Sabiendo que Cataluña y Euskadi podían querer, algún día la independencia, ¿no hubiera sido deseable contemplar eso dentro de la Constitución en lugar de intentar impedirlo por todos los medios? ¿No hubiera sido una muestra de buena voluntad y deseo de poder convivir sanamente dentro del mismo Estado? Un matrimonio que contempla el divorcio en caso de no llegar a entenderse, ¿no es un matrimonio sano que apuesta por el amor y contempla tener sentido siempre que haya el convencimiento por las dos partes? ¿No da eso confianza en que el contrato matrimonial contraído no es contra nadie sino a favor de los dos? Al contrario, el Artículo 2 repite dos veces, en la misma frase, la palabra “indisoluble” refiriéndose a la unidad de España. Por eso es irreal esperar que se pueda cambiar la Constitución respecto al derecho de autodeterminación con el blindaje que le brindan los partidos nacionalistas españoles. Es posible técnicamente, pero imposible políticamente.

¿Os acordais del Plan Ibarretxe? Se invitó al lehendakari a presentar su propuesta en el Congreso y ahí se la rechazó sin contemplaciones. Como la propuesta de Ibarretxe no tenía mucha base social detrás, ahí acabó su recorrido.

Y de igual manera pretenden quitarse del medio la propuesta catalana, por eso siempre la han ninguneado y por eso invitaron Puigdemont a presentar y votar su propuesta en el Congreso, para rechazarla sin importarles el gran apoyo que tiene. Y con la misma intención se han planteado propuestas desde el nacionalismo español donde ya se avanza que se podrá hablar de todo menos de separarse de España. Se ofrece plantearlo en una reunión de presidentes de las autonomías, en una comisión parlamentaria sobre el problema territorial, o incluso en una reforma de la Constitución. Como Cataluña solo es un 16%, siempre va a estar en minoría y no podrá hacer prosperar ningún proyecto en este sentido aunque fuera mayoritario dentro de la sociedad catalana.

Por eso, aunque parezca ilegal, hay que entender que la propuesta se haya querido sacar del andamiaje legal que hace de muro de contención, para irse al quilómetro cero de la democracia: hay que preguntarle directamente a la sociedad catalana en referéndum y respetar esa voluntad, sea la que sea. Y por eso se han hecho hasta tres intentos de referéndum, porque la aproximación es totalmente democrática y pretende respetar lo que la sociedad catalana desee. Por el contrario, el nacionalismo español no hace un planteamiento democrático y, sabiéndose fuertes, niegan la demanda, imponen el inmobilismo, y les asusta el resultado de un referéndum.

No se ha abierto ninguna otra posibilidad que no vulnere el principio de soberanía catalana que se ha estado pisoteando en la España centralizada desde hace 300 años, con lo que, los políticos independentistas, que tienen mayoría absoluta en el Parlament con un mandato independentista, solo les ha quedado la posibilidad de forzar el referéndum del 1-O. Por eso han tenido que caer en algunos movimientos irregulares y no deseables en situación de normalidad, como aprobar la Ley del Referéndum en el último momento, para no dar tiempo al Estado a impugnarlo, lo que requirió no aceptar enmiendas ni postponerlo, aunque igualmente la oposición habría perdido por no tener mayoría. Así se llevó a cabo el referéndum fuera de la legalidad, pero buscando conocer honestamente la opinión de la sociedad catalana. En él, la gente se defendió cívicamente de un ataque policial fuera de toda proporcionalidad y sin sentido político. Aunque sí es verdad que, por no ser legal según el gobierno español, mucha gente del ‘no’ no fueron a votar, aunque ahora no es correcto que se quejen de que no lo hicieron, pues fue su decisión personal abstenerse, ya que la Generalitat les advirtió que el resultado sería vinculante.

Puigdemont ofreció hasta el último momento desconvocar ese referéndum si se acordaba uno con el Estado. Y seguro que está aun dispuesto a aceptar uno para desbloquear el conflicto. Pero dado que el Gobierno español puede aceptarlo dentro de la Constitución (cosa que han reconocido expertos constitucionales) y se niega a hacerlo, la única manera de forzar el gobierno español a no recurrir a la imposición sino preferir la solución democrática (igual que en UK o Canadá) es que tenga que promover un referéndum pactado para evitar una DI que se le viene encima.

Y así ha sido. El President Puigdemont no ha declarado la DI y sí ha pedido mediación. En realidad, se presupone que la necesidad de un referéndum pactado saldría de la negociación mediada, pues para tomar una solución u otra, hay que partir de la voluntad de la sociedad catalana. Pero hay que entender que la Generalitat no debe renunciar a la DI porque, como parte débil en la contienda, es el único elemento de presión hacia la parte fuerte, el Estado. Y ahora este está en la encrucijada, pues no puede aplicar un 155 que se le va a voltear con la presión ciudadana, ni puede evitar una DI, que defendida por el pueblo, y planteada a nivel internacional, le supondría un quebradero de cabeza.

De hecho, si a diferencia de cuando hubo el caso Ibarretxe, está habiendo cierta apertura hacia la demanda: si Podemos pide un referéndum, si se ha hablado de permitir el Estatut que se rechazó en 2010, si se está proponiendo debatir sobre la fiscalidad, si el PSOE han abierto una comisión parlamentaria sobre territorialidad, si PSOE y PP ha ofrecido abrir la Constitución (aunque no se pueda esperar nada, sino más bien una involución, de quien niega el problema y está dispuesto a mandar 10.000 policías para conseguir lo que quiere), y si hay todo el revuelo mediático y empresarial intentando salvar sus negocios, pero también con intención de asustar a la sociedad y los políticos catalanes, es porque el movimiento independentista, sabiendo que dentro de la ley se impondrá -ahora y siempre- un muro ante su demanda, ha hecho camino saltándose puntualmente la ley, para promover una solución democrática que supere el agravio histórico legal para con el encaje de Cataluña en España. Sin esa desobediencia a leyes que funcionan como cárcel y sin la “amenaza” de la DI, es claro que el conflicto sería ninguneado.

La solución debe ser un referéndum acordado. Hoy día la solución no puede ser, igual que hace 300 años, igual que hace 40 años, la negativa del nacionalismo español a aceptar la autodeterminación de los pueblos con los que convive, con la coartada de un sistema de leyes que se redactó “saliendo” (como se pudo) de un régimen fascista sádico, neurótico con la unidad de España y paranoico con el que es diferente.

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